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ALICANTE

España adopta las normas de la Unión Monetaria Latina el 19 de octubre de 1868, fijando la Peseta (dividida en cien céntimos) como unidad monetaria, con una serie de piezas en oro (100, 25, 20 y 10 pesetas), piezas en plata (5, 2, 1, 0,50 y 0,20 pesetas), piezas en cobre (10, 5, 2 y 1 céntimos), a las que se añadió el 9 de enero de 1925 la pieza de 25 céntimos de cupro-níquel. La acuñación se mantuvo hasta la Guerra Civil (1936-1939) con pequeñas alteraciones en las monedas de oro y de 0,20 pesetas en plata.

Junto a las piezas metálicas, circulaban billetes emitidos por el Banco de España (único emisor desde 1874) con valores de 1000, 500, 100, 50 y 25 pesetas, que debían estar respaldados por una cobertura metálica. A partir de 1898 la cifra que reza en los billetes se independizan de la cuantía del Banco de España, conservando aún la cobertura metálica. Entre (1873-1883) se abandona el patrón oro, incorporando el patrón fiduciario, predominando los billetes y las monedas de plata. El Gobierno Español hizo en vano continuos esfuerzos para regresar al patrón oro, preocupándose de mantener el prestigio de la moneda teniendo que devaluarla para fomentar las exportaciones,

Aunque el patrón oro quedó abandonado, siguió acuñándose y circulando entre el pueblo hasta su definitiva desaparición en 1914, hecho que no causó ningún problema cotidiano por la existencia de billetes de 100, 50 y 25 pesetas. De otro parte, el patrón oro paso a un segundo plano en las concepciones monetarias internacionales que defendían una moneda que se fundamentara en un poder adquisitivo constante y no en su contenido en oro.

La Segunda República Española seguía utilizando el patrón plata, cuando en países desarrollados habían adoptado la moneda-signo, circulando billetes de pago difícil de cobrar y de monedas metálicas que eran los soportes del sistema.

La Peseta perdió poder adquisitivo en 1935, unido al aumento del precio de la plata, surgiendo el temor que las monedas de 5 pesetas desaparecerían de circulación para beneficiarse con el metal. El Ministerio de Hacienda y el Banco de España negociaron que no se emitirían billetes de cinco pesetas, aunque se emitirían 'certificados' que suplirían las monedas acuñadas por el Estado. Los certificados quedarían respaldados por un depósito en el Banco de España, quien se encargaría de tramitar los certificados mientras que el Gobierno sufragaría los gastos de impresión. Se imprimieron certificados de 5 y de 10 pesetas, aunque no se pusieron en circulación hasta octubre de 1936.

En España se vivía un profundo dualismo: (a) Las monedas basaban su fiabilidad en el peso y la ley del metal, desempeñando parte de la cobertura metálica que precisaban los billetes del Banco de España. (b) La emisión de moneda fiduciaria del Gobierno, que ejercía el control absoluto de las operaciones con moneda extranjera (decreto de 29 de mayo de 1931).

Al comenzar la Guerra Civil la moneda legal en curso manifestaba una incoherente variedad: escasas tiradas de la II República, acuñaciones de la I República, monedas de Alfonso XIII, Alfonso XII y Amadeo de Saboya. La coexistencia de estas acuñaciones mermaba la soberanía del Estado, que concedía más importancia a la plata de los duros que a sus representaciones figurativas. De otra parte, circulaba una moneda-signo y el Banco de España no podía emitir fraccionados.

Al iniciarse la Guerra Civil la elección era sencilla para el pueblo, las monedas de plata se convertían en material precioso para guardar, sobrevivían al proceso inflacionista del papel y mantenían un poder adquisitivo real. Los billetes, como monedas-signo que habían perdido su convertibilidad en plata, se utilizaban como medio de pago, adquiriendo con ellos mercancías o monedas de plata. La especulación fue progresiva, desaparecieron las monedas de plata, respectivamente, duros, dos pesetas, peseta y cincuenta céntimos.

El Gobierno de la República se financió exteriormente con la reserva de oro del Banco de España, depositado en la URSS, buena parte transformado en divisas para su colocación posterior en el Banco de París. Un decreto de 3 de octubre de 1936 exige al pueblo español la entrega del oro que tuvieran. El 25 de octubre de 1936 parte de Cartagena rumbo a Odesa (actual Ucrania) parte de la reserva en oro del Banco de España.

El desvío de oro supuso un duro golpe para la moneda en el sistema monetario español. El 13 de octubre de 1936 el Ministerio de Hacienda decretaba la entrega provisional de los 'certificados' de plata de cinco y diez pesetas en sustitución de las correspondientes monedas de plata, guardando en sus Cajas la equivalente cantidad de plata amonedada, procediendo con rapidez al estudio y ejecución de la nueva Ley Monetaria para acuñar la moneda republicana de plata de cinco y diez pesetas, que en su día sustituirían a los 'certificados' de plata puestos provisionalmente en circulación.
De otra parte, en el lado rebelde franquista se procedió al estampillado de los billetes del Banco de España que quedaban en su zona. La resolución rebelde fue anulada por el Ministerio de Hacienda el 29 de noviembre de 1936. No obstante, determinadas sucursales del Banco de España autorizaban vales, pagarés o talones de esta especie que circulaban como billetes, siendo desautorizadas por decreto el 14 de enero de 1937.
Con decreto del 22 de febrero de 1937, el Ministerio de Hacienda ampliaba el campo de acción de los 'certificados' de plata para poner en circulación una serie de nuevos billetes.

La peseta se fue depreciando, las monedas metálicas eran sustituidas por redondeles de cartón y, a medida que la Guerra Civil avanzaba y se preveía la victoria de la sublevación franquista, la serie de billetes puestos en circulación en julio de 1936 carecían de valor.

 La provincia de Alicante, en zona republicana hasta el final de la Guerra Civil, caracterizada por una dispersión de los poderes públicos y la existencia de Consejos Municipales con amplia autonomía local, comenzó a padecer la crisis monetaria a partir de 1937. La única forma de enfrentarse con la crisis de la moneda fraccionada fue la de crearla hasta que el Gobierno no emitiera una cantidad suficiente, hecho que no ocurriría hasta 1938.

En municipios de la provincia comenzó la emisión de vales de comercios, industrias, sindicatos y otros sectores, propiciando fraudes y enfrentamientos políticos. La escasez de tabaco y cerillas tuvieron un efecto de trueque muy aceptado entre particulares.
Rápidamente hubo reacciones contra la proliferación de vales particulares, el Gobernador Civil de la provincia, en una circular del 23 de febrero de 1937, prohibía cualquier intento de expedición de papel moneda. Los municipios alicantinos no cumplieron la circular porque las órdenes iban en contra de las necesidades inmediatas. A partir de junio de 1937, constituidos los Consejos Municipales, se generalizaron las prohibiciones sobre los vales privados y la emisión de moneda municipal, perdurando hasta la entrada de 1938. De otra parte, no todos los municipios emitieron monedas municipales, también es difícil precisar los limites de circulación de las distintas monedas (que solo tenía carácter obligatorio en el Consejo emisor) a la vista de documentación existente en términos municipales de los Consejos.

Aunque continuaba la inflación y la devaluación de la peseta, el Gobierno de la Nación tomo medidas para sustituir la moneda fraccionada que había desaparecido:
 

• Un decreto de 24 de diciembre de 1937 facultaba al Ministerio de Hacienda y Economía para emitir monedas de 50, 25 y 10 céntimos.
• Una disposición de 31 de diciembre de 1937 ordenaba a la Fabrica de la Moneda y Timbre la emisión de cinco millones de pesetas en monedas de 50 céntimos de cobre-zinc.
• El Ministerio de Hacienda y Economía decretaba el 6 de enero de 1938 que todos los billetes, monedas, vales o bonos que no hubieran sido emitidos por el Tesoro Público o por el Banco de España serían recogidos durante un mes, transcurrido el plazo dejarían de circular quedando sin valor alguno. De otra parte, la diferencia entre las cantidades nominales emitidas y las satisfechas por las piezas recogidas en el plazo previsto quedarían en beneficio del Tesoro Público. Por las dificultades surgidas, el plazo fue ampliado hasta el 26 de febrero de 1938.
• Un decreto de 9 de enero de 1938 otorgaba al Ministerio de Hacienda y Economía para emitir certificados provisionales de moneda fraccionada, impresa sobre papel, por valor de dos pesetas, peseta y cincuenta céntimos. Habilitando un plazo de treinta días para canjear las monedas de plata en circulación por los nuevos certificados y monedas del Estado.
• El Ministerio de Hacienda y Economía, por orden del 23 de febrero de 1938, dispuso que de forma eventual se fabricaran discos de cartón de unos 35 milímetros de diámetro y unos 5 gramos de peso, impresos por una cara con el escudo de España y por la otra adheridos sellos de Correo o Timbres móviles, que habilitaban su valor.
  Estos discos se fabricaron en la fabrica de Aspe (Alicante). La provisional moneda de cartón continuó circulando hasta el final de la Guerra Civil.