Elige Armas

Catastro Ensenada
Sufragio Femenino Torre Hércules
Escritura Jeroglífica
Palabras Olvidadas
Salamanca
Segovia Monumental
Diseño Experimentos

PROCESO AL FRANQUISMO

IIª República 

Gobiernos Franco 

Vivir Bajo Bombas 

Propaganda Goebbels 

 

El Periódico PÚBLICO, en su edición de Madrid de viernes 17 de octubre de 2008, en Portada pública <<FRANCO Y SUS GENERALES ACUSADOS DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. En el proceso abierto al franquismo, el juez Garzón se declara competente para investigar las 114.266 detenciones ilegales denunciadas porque se produjeron tras un golpe de Estado contra la IIª República Española. El juez solicita los certificados de defunción de Franco y de 34 de sus ministros. Solicita al Ministerio del Interior la identidad de los jefes de Falange de 1936 a 1951 - Portal Fuenterrebollo

El Periódico PÚBLICO, en su edición de Madrid de viernes 17 de octubre de 2008, en Portada pública <<FRANCO Y SUS GENERALES ACUSADOS DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. En el proceso abierto al franquismo, el juez Garzón se declara competente para investigar las 114.266 detenciones ilegales denunciadas porque se produjeron tras un golpe de Estado contra la IIª República Española. El juez solicita los certificados de defunción de Franco y de 34 de sus ministros. Solicita al Ministerio del Interior la identidad de los jefes de Falange de 1936 a 1951.
En la misma edición del PÚBLICO se refleja que la Fiscalía recurrirá directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto dictado por el juez Baltasar Garzón. La Fiscalía considera que la Ley de la Memoria Histórica señala al Gobierno y a las Administraciones Locales como las que deben llevar la iniciativa de la exhumación e identificación de los cuerpos enterrados hace 70 años en cunetas o junto a muros de cementerios.

El Auto de la Audiencia Nacional investiga a los altos cargos de la dictadura, encabezados por Francisco Franco, entre ellos: Miguel Cabanellas-Ferrer, Andrés Saliquet Zumeta, Emilio Mola Vidal, Fernando Moreno Calderón, Francisco Moreno Fernández, Germán Gil y Yuste, Luis Orgaz Yoldi, Gonzalo Queipo de Llano, Francisco Gómez-Jordana, Francisco Fermoso Blanco, Nicolás Franco Bahamonde, Ramón Serrano Súñer, Severiano Martínez-Anido, Tomás Domínguez Arévalo, Raimundo Fernández Cuesta, Valentín Galarza Morante, Esteban Bilbao y Eguía, José Luis Arrese y Magra, Juan Yagüe Blanco, Salvador Moreno Fernández, Miguel Ponte Manso de Zúñiga, Fidel Dávila Arrondo, Federico Montaner Canet, Luis Valdés Cabanilla, Francisco de Asís Serrati Bonastre, José Cortés López, Agustín Muñoz Grandes, José Enrique Varela Iglesias, Juan Vigón Suerodiaz, Blas Pérez González, Carlos Asensio Cabanillas, Eduardo Aunós Pérez, Eduardo González Gallarza y Francisco Regalado Rodríguez.

PÚBLICO (18 Octubre 2008): Garzón se blinda contra el fiscal para ganar tiempo Un nuevo auto fuerza a presentar el recurso ante el propio juez, lo que le da más margen para abrir fosas. El 17 de octubre de 2008, el juez Garzón dictó un auto para transformar las diligencias previas 399/2006 en el sumario 53/2008, considerando 'la gravedad de los hechos y presuntos delitos cometidos'. El juez expone que el artículo 607 Bis del Código Penal prevé una pena entre 20 y 30 años de cárcel para el autor de un delito contra la humanidad que cause la muerte de una persona. La gravedad de los hechos justifica la transformación del procedimiento en sumario; la resolución hace que la Fiscalía no pueda recurrir directamente ante la Sala de lo Penal, teniendo que recurrir primero ante el magistrado que ha dictado la resolución. Como consecuencia el juez puede regular los tiempos previos hasta que la Sala de lo Penal (instancia superior) se pronuncie sobre la investigación abierta sobre la Guerra Civil.

PÚBLICO (18 Octubre 2008): La derecha se lanza en tromba contra Garzón. La decisión del juez Garzón de acusar a Franco y sus generales de crímenes contra la humanidad suscita la indignación en las filas del PP... y Falange.
Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo (1962-1969) en el Gobierno de Francisco Franco, con el cargo honorífico de presidente-fundador del PP, el 17 de octubre de 2008 dijo que de decisión del juez Garzón sobre el proceso abierto al franquismo era 'un disparate' y un gravísimo error porque reabre heridas del pasado que, a su juicio, quedaron cicatrizadas con las Leyes de Amnistía de la Transición.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que se trata de 'un esperpento', que todos los españoles nos habíamos puesto de acuerdo, no en olvidar la Guerra Civil, ni muchísimo menos, sino en recordar que la Guerra Civil fue un fracaso colectivo para todos los lados. Señalando que 'el PP no estaba ni en la Guerra ni en la República'. El PP se funda treinta años después de que acabase la Guerra, arremetiendo contra los que equiparan al PP contra el franquismo.

CADENA SER (18 Octubre 2008): 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responden a las declaraciones de Manuel Fraga Iribarne, preguntándose si se encuentra preocupado por poder estar implicado en el proceso abierto por el juez Garzón.

EL PAÍS (19 Octubre 2008): El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero manifiesta: 'El franquismo está absolutamente juzgado por la historia'. Hasta este momento ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón.

La Fiscalía recurrirá el sumario abierto por el juez Garzón que atribuye a Franco y a otros 34 jefes rebeldes un delito de insurrección contra el Gobierno de la República legalmente constituido y un plan sistemático de exterminio de los oponentes políticos durante la Guerra Civil y la Posguerra. Considera que estos hechos están amparados por la Amnistía de 1977. Para no acusar de pasividad al Gobierno, la vicepresidenta primera recordó el viernes 17 de octubre, tras la reunión del Consejo de Ministros, que existe una Ley de Memoria Histórica impulsada por el Ejecutivo.

Por su parte, las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, reunidas en el Ateneo de Madrid, el sábado 18 de octubre, decidían solicitar a la Fiscalía General del Estado que no recurra la decisión del juez Garzón.

Portada del  Periódico 'PÚBLICO': Franco y sus Generales Acusados de Crímenes contra la Humanidad (viernes 17 de octubre de 2008) - Portal FuenterrebolloPortada del Periódico 'PÚBLICO'. (Viernes 17 de Octubre de 2008)

El dictador Francisco Franco Bahamonde y sus 34 cómplices, investigados por el Auto de la Audiencia Nacional. Página 4 del Periódico 'PÚBLICO'. (Viernes 17 de Octubre de 2008) - Portal FuenterrebolloPágina 4 del Periódico 'PÚBLICO'. (Viernes 17 de Octubre de 2008)

EL PAÍS (20 Octubre 2008): El fiscal acusa a Garzón de crear 'Una Inquisición' en su causa sobre la Memoria. El recurso asegura que el juez comete un "disparate jurídico" al no aplicar la Ley de Amnistía.

El fiscal jefe, Javier Zaragoza, acusa al magistrado Garzón de haber creado "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española". El recurso contra la admisión a trámite de la causa contra el franquismo, ha sido presentado ante la Sala de lo Penal y no ante el Juzgado, considerando que los hechos investigados quedan prescritos por la Ley de Amnistía de 1977. El fiscal se muestra duro con el hecho de que Garzón no aplicara la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes democráticas, concluye diciendo "Resultaría un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de ley de impunidad".

Horas después del recurso del fiscal Zaragoza, el juez Garzón nombra al ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y al magistrado jubilado Antonio Doñate como miembros del grupo de expertos que colaborará en las exhumaciones. El grupo de expertos (cinco personas designadas por las asociaciones de los denunciantes y dos que nombra el juez) tendrá como misión estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas, entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951.

Por otra parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha tachado de 'estrafalaria' y 'arbitraria' la conducta del juez Baltasar Garzón por investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. El artículo del periódico concluye con palabras de José Luis Concepción: << No está haciendo justicia, por mucho que haya algún colectivo de personas y por mucho que el Gobierno de la nación aplauda su actuación, sino que está haciendo algo diferente". "Es una conducta que me repugna desde el punto de vista jurídico" >>.

PÚBLICO (20 Octubre 2008): La Fiscalía recurre la decisión de Garzón de investigar los crímenes del franquismo. Argumenta que los órganos competentes para investigar estos hechos son "los Juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades".

Como estaba previsto, la Fiscalía de la Audiencia nacional ha interpuesto directamente ante la Sala de lo Penal el recurso de apelación contra la contra la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

La Fiscalía considera que el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal es 'procesalmente correcto', ya que la decisión de Garzón de declararse competente se produjo cuando la investigación se desarrollaba todavía como diligencias previas, que permiten recurrir directamente ante la Sala, y no como sumario.

PÚBLICO (23 Octubre 2008): La Sala de lo Penal ya estudia si Garzón puede investigar el franquismo.

Pese a la maniobra jurídica del magistrado por la que obligaba a la Fiscalía a presentar el recurso ante él mismo, el Ministerio Público encuentra otra vía para reclamar ante dicha sala de la Audiencia Nacional.

Si la Sala de lo Penal acepta la petición del fiscal, quedaría sin efecto la maniobra jurídica por la que Garzón transformó el procedimiento en sumario - se abrió bajo la fórmula de diligencias previas - para obligar al Ministerio Público a presentar un recurso de reforma, que tiene que resolver él mismo antes de que el asunto sea visto por la instancia superior.

En un auto hecho público hoy, el juez considera que, al haber transformado su investigación en sumario, la Fiscalía debería haber presentado primero un recurso de reforma ante él, en vez de recurrir directamente ante el Pleno de la Sala de lo Penal.

Garzón acusa hoy a la Fiscalía de realizar una 'interpretación forzada de la Ley' para presentar "tres días después de la conversión del procedimiento de diligencias previas en sumario" un recurso ante la Sala que era "procesalmente inadecuado".

El pasado viernes (17 de octubre de 2008), el juez Garzón transformó las diligencias previas en las que se encuadraban sus investigaciones en sumario ordinario, con lo que automáticamente alargó el plazo de tramitación de los recursos, ya que, según lo estipulado en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este tipo de procedimiento debe ser recurrido en reforma ante el magistrado instructor antes de poder recurrir a la Sala.

EL PAÍS (23 Octubre 2008): Garzón y el fiscal se enfrentan abiertamente por la causa contra el franquismo. El juez no admite el recurso de Zaragoza y éste invoca una norma que nunca se había usado en la Audiencia Nacional.

El juez Baltasar Garzón y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza han entrado en una guerra abierta a propósito de la causa contra el franquismo. Garzón ha rechazado hoy el recurso de apelación presentado por el fiscal por una cuestión procesal, mientras que Zaragoza, anticipándose a la jugada había convocado al pleno de la Sala Penal, invocando un artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal que no se había aplicado nunca antes en la Audiencia para conseguir apartarle de la causa de la Memoria Histórica.

La trascendencia es relativa, ya que al final, siempre iba a ser la Sala Penal de la Audiencia, que preside Javier Gómez Bermúdez, la que iba a resolver el caso, pero las batallas y argucias jurídicas y procesales entre Zaragoza y Garzón han dejado un escenario de campo de minas en las relaciones personales entre ambos que será muy difícil de superar.

En un principio, Garzón se había negado a dar trámite al recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de declararse competente en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo al considerar que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda en primera instancia a las objeciones del Ministerio Público.

CADENA SER (23 Octubre 2008): La Audiencia Nacional estudia ya si Garzón es competente para investigar las desapariciones.

La maniobra de Garzón podría quedar sin efecto si la sala de lo penal acepta la petición del fiscal: El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha reunido esta jueves para estudiar si Baltasar Garzón es competente para investigar los crímenes del franquismo. La Sala de lo Penal toma riendas en el asunto y ha pedido informes a las partes implicadas. Por el momento, los jueces cuentan con el escrito del fiscal Javier Zaragoza - contrario a la investigación -. El escrito de Garzón tendrá que esperar, porque el magistrado va a someterse a una operación de las cuerdas vocales. De todas formas, el propio Garzón ha emitido un auto en el que le recuerda a la Fiscalía que ante quien tiene que recurrir es ante él, y no ante la Sala de lo Penal.

Por otra parte, UGT se presentará como acusación particular en la investigación de Garzón. El sindicato entregará un escrito argumentando que muchas de las víctimas eran militantes. La UGT pedirá su personacion como acusación particular porque asegura que miles de desaparecidos y víctimas de la represión de la dictadura eran afiliados de este sindicato y fueron asesinados por ese motivo. Como dato significativo, el sindicato señala que de los tres mil fusilados y desaparecidos en fosas comunes de la Comunidad de Navarra, mas de dos mil tenían alguna vinculación con la UGT. El secretario general, Cándido Mendez, estregará este viernes al juez Garzón el escrito para personarse argumentando que son parte perjudicada, ya que muchas de las víctimas que permanecen en las fosas eran militantes de UGT.

PÚBLICO (25 Octubre 2008): La orden judicial para abrir la fosa de Lorca llega a Granada.

Después de 72 años y dos meses, los restos del poeta y dramaturgo español más universal parecen alejarse del borde de un camino. La orden del juez Baltasar Garzón de exhumar los restos de Dióscoro Galindo y de Francisco Galadí, enterrados junto a Federico García Lorca, llegó este viernes al Decanato de Granada, que eligió el Juzgado de Instrucción número 2 para llevar a cabo la exhumación.

EL PAÍS (28 Octubre 2008): Carrillo cree que la iniciativa de Garzón es un "error" porque le puede "salir el tiro por la culata".

En la presentación de su libro 'La crispación en España. De la Guerra Civil a nuestros días'.- Asegura que no quiere hacer una 'crítica a la gestión de Garzón' y que el error está en llevar la memoria histórica a depender de los jueces.

"Por Paracuellos y otras cosas han sido fusilados centenares de republicanos y las víctimas que hizo la República han sido reivindicadas, valoradas y celebradas en tiempos del franquismo", ha argumentado Santiago Carrillo, quien se ha preguntado "si a los republicanos hay que juzgarlos y condenarlos dos veces". En ese sentido ha explicado la decisión que el juez Garzón adoptó en diciembre de 1998 de rechazar la querella presentada por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio en Paracuellos del Jarama (Madrid) contra él por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo, en que "ya había sido juzgada".

En torno a la Memoria Histórica, Carrillo ha recalcado que lo que debería hacerse es que el Congreso y el Senado aprobaran una resolución condenando la sublevación contra la República, en la que se afirmara que "una sublevación contra un Estado democrático no ha tenido ni tiene ninguna justificación". Asimismo, el Estado debería "preocuparse verdaderamente" de abrir las fosas donde se encuentran los desaparecidos para que fueran enterrados por sus familiares y "reivindicar los nombres de las víctimas". Carrillo está convencido de que la Guerra Civil pudo evitarse de no haber intervenido en ella las potencias fascistas, ya que ha subrayado que la sublevación militar fracasó en la mayor parte de España.

& Carrillo fue delegado de Orden Público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid - nombrado el 6 de noviembre de 1936 - durante la matanza de Paracuellos (Madrid) - del 7 y 8 de ese mes -, en la que un gran número de militares sublevados y civiles presos fueron asesinados cuando eran trasladados a Valencia.

PÚBLICO (28 Octubre 2008): Carrillo asegura que la iniciativa de Garzón no es el "camino mejor" pero que llena un vacío institucional. Afirma que las Cámaras deberían presentar una resolución condenatoria y el Estado reivindicar el nombre de las víctimas.

Durante la presentación de su libro 'La crispación en España. De la Guerra Civil a nuestros días', el ex secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, afirmó hoy que la iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de juzgar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, "plantea un problema que está en la realidad" y que quienes debían haberlo abordado, "no lo han hecho". Así, reconoció que "no es el mejor camino" pero que "tampoco" va a criticarlo.

También incidió en que es el Estado quien debe "preocuparse" por dar sepultura "cristiana o civil" a los asesinados y "reivindicar" el nombre de las víctimas republicanas. En este sentido, aclaró que, aunque "es verdad" que en ambos bandos se cometieron "barbaridades" durante la Guerra Civil, las víctimas nacionales fueron "reivindicadas y homenajeadas" durante los 40 años de Franquismo y los republicanos "juzgados" y fusilados" por sus crímenes.

Explicó que ésta es la razón por la cual Garzón se amparó en la Ley de Amnistía de 1977 para absolver a algunos dirigentes comunistas, como fue su caso por los 'sucesos de Paracuellos', pero la ignora ahora al juzgar los crímenes franquistas. Así, se preguntó refiriéndose a las voces que piden que ambos bandos sean ahora juzgados, si hay que condenar "dos veces" a los republicanos.

PÚBLICO (30 Octubre 2008): La Diputación de Sevilla revoca los honores a Franco y a Queipo de Llano. Todos los grupos políticos, incluido el PP, han aprobado por unanimidad la medida.

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves revocar los honores concedidos por la institución entre 1936 y 1967 a los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano, que en este caso ostentaba el título de hijo adoptivo, tras un acuerdo votado por unanimidad por sus grupos (PSOE, PP, IU y PA).

El acuerdo se adopta en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y también porque "es de justicia que estos dos personajes no sigan ostentando un reconocimiento del que nunca fueron merecedores", como ha resumido el diputado del PA José Hurtado.

En una intervención emotiva, el andalucista José Hurtado ha leído párrafos de su libro La Iglesia y el movimiento obrero sevillano, que alude a los dos militares, además de recordar las "purgas, la oleada de fusilamientos incruentos y la represión despiadada" que hubo en Sevilla, ciudad que "en la República fue conocida como 'Sevilla la Roja' y que cada día amanecía regada de cadáveres". 

PÚBLICO (31 Octubre 2008): La ONU respalda la decisión de Garzón de buscar a los desaparecidos y pide la eliminación de la Ley de Amnistía.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU cree que España no ofrece todas las garantías procesales a algunos detenidos por terrorismo e insta a que considere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. También pide que se prevea la creación de una comisión independiente encargada restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil.

Estas son las principales conclusiones emitidas este viernes (31 de octubre de 2008) por el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por cada Estado parte, y que la semana pasada analizó el informe presentado por España.

Acerca de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil, el Comité acoge con satisfacción la Ley de la Memoria Histórica y saluda la reciente decisión de la Audiencia Nacional de examinar la cuestión de los desaparecidos. Pero recuerda que "los delitos de esa humanidad no prescriben" por lo que pide a España que considere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. También, que una comisión de expertos independientes establezca la verdad histórica y que se permita a las familias que "identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas, y se las indemnice".

PÚBLICO (1 Noviembre 2008): El Gobierno concederá la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados por la Guerra Civil.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto para la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados a partir de la fecha de la insurrección militar del 17 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1955. Entre los beneficiados se incluirá también a los que se marcharon de España por otros motivos que no fueran políticos, como los que emigraron por las dificultades económicas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha afirmado que la concesión de la nacionalidad se hará de forma "paulatina" y ha reconocido que el Gobierno maneja una memoria que cuantifica los posibles solicitantes.

El Gobierno también ha dado el visto bueno a un protocolo de actuación científica para los casos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. 

EL NORTE DE CASTILLA (1 Noviembre 2008): La ONU pide a España que anule la Ley de Amnistía y persiga al franquismo.

El Comité de Derechos Humanos recomienda que una comisión independiente <<restablezca la verdad>>. El Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de España la abolición de la Ley de Amnistía de 1977, una norma aprobada por el primer parlamento de la democracia que entonces sirvió para vaciar las cárceles de presos políticos y a la que ahora se aferra la Fiscalía de la Audiencia Nacional para oponerse a la persecución penal de los crímenes del franquismo.

El informe de la ONU, aprueba en la 94º reunión del comité que cuida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, da un respaldo explícito a la Ley de Memoria Histórica y a la investigación del juez Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura del general Francisco Franco.

El comité, que tiene su sede en Ginebra (Suiza), celebró el quinto examen al que somete a España el pasado 21 de octubre. Tras conocer la versión del Gobierno sobre la situación de los derechos humanos en el país, el organismo de la ONU recomienda <<encarar la abolición>> de la Ley de Amnistía, cuya vigencia, señala, <<observa con preocupación>>.

El problema de fondo son los desaparecidos del franquismo. El comité recuerda al Gobierno que <<los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles>>. Pero no sólo eso. Al calor de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, también pide al Ejecutivo que impulse <<la creación de una comisión compuesta por expertos independientes>> que tenga como misión <<restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura>>. En la misma línea, la ONU reclama a las autoridades españolas que pongan los medios necesarios para <<permitir a los familiares de los desaparecidos la identificación y exhumación de los cuerpos de las víctimas>>. El comité también recomienda que el Gobierno, <<llegado el caso>>, proporcione <<indemnizaciones>> a los allegados de los asesinados por el franquismo.

Los técnicos de Ginebra ven con muy buenos ojos la investigación penal puesta en marcha por el juez Garzón en la medida que podría colmar estas recomendaciones, y muestran su apoyo a la Ley de Memoria Histórica, norma que <<arrojará luz sobre la suerte de los desaparecidos>>.

El respaldo del Comité de Derechos Humanos a la actuación judicial, su reclamación del fin de la Ley de Amnistía y el recordatorio de que los crímenes contra la humanidad nunca prescriben contrastan con la posición de la Fiscalía, que reclamó a la Audiencia Nacional el fin de inmediato y para siempre a la <<inquisición general>> que, en su opinión, el juez Garzón ha desatado contra el franquismo.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, defendió la Ley de Amnistía que ahora ataca la ONU. El Ministerio Público calificó de <<absoluto disparate judicial cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de 'ley de impunidad'>>. Exactamente lo que ahora hace el Comité de Derechos Humanos en su informe sobre España.

PÚBLICO (1 Noviembre 2008): RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA - Purgas de ricino - La propaganda franquista tapó la crueldad aplicada por la represión del régimen a las mujeres republicanas.

El castigo del franquismo sobre las mujeres fue doble. Por "rojas" y por "liberadas". De una punta a otra de la España sublevada, se repitieron los mismos métodos de tortura física y psicológica. Se pueden resumir en tres: las purgas con aceite de ricino para que su fuerte poder laxante depurara su "tóxico interior", raparlas al cero para censurar su supuesto libertinaje, y la prohibición absoluta de mostrar cualquier tipo de luto a las viudas, hermanas y madres de fusilados

Muchas murieron presionadas para que delataran a sus parejas. Otras quedaron presas en la posguerra. Sin embargo, la estrategia franquista diseñó un plan para que las únicas víctimas femeninas que salieran de la memoria del conflicto fueran las monjas, a pesar de que murieron poco más de 280 religiosas. Unas cifras muy alejadas, por ejemplo, de las casi 500 mujeres que murieron en la cárcel de Burgos a manos de los franquistas. Y más lejos aún de las 5.000 reclusas republicanas de la cárcel de Ventas (Madrid), a pesar de que su capacidad sólo era para 450 personas.

Imagen del taller de la prisión de Alcalá de Henares, en 1956. - LA SEXTA   Taller de la Prisión de Alcalá de Henares, en 1956.
  Fuente: LA SEXTA

Los investigadores han encontrado descripciones sanguinarias. Fernando Obregón ha documentado la muerte de 116 mujeres en Cantabria desde 1937, cuando la provincia fue tomada por Franco. "A muchas las mataron sólo porque no pudieron atrapar a sus maridos que habían conseguido huir a Francia o estaban en el frente. No les importaba que tuvieran hijos o que estuvieran embarazas", resume. Y señala dos casos: una mujer de Los Corrales fue fusilada pese a tener siete hijos, el menor de 10 años, y otra, en Puente Viesgo, recibió la humillación de un cura por tratar de lavar la ropa en el río un domingo. "Le tiró el balde al agua y le dijo: ¿No sabes que no se trabaja los domingos?". La humillación continuó en la posguerra y, en ocasiones, más de una fue expulsada de su pueblo.

Las condiciones de la prisión marcaron a las supervivientes. "A algunas les pusieron cuñas en las uñas, y les dieron corrientes eléctricas en los dedos y en los pezones", cuenta uno de los testimonios recuperados por la ex presa republicana Tomasa Cuevas. El documental Del olvido a la memoria. Presas franquistas, emitido en La Sexta, recuperó los recuerdos. "Hubiera preferido que me siguieran dando palos antes de ver a una compañera salir para no volver", describe en aquel reportaje Concha Carretero .

Para Cayetano Ybarra, investigador en Extremadura, aquellos castigos tenían mucho que ver con la concepción social que el franquismo tenía de la mujer: "Era un objeto sexual de usar y tirar, una sirvienta, como la describe Primo de Rivera en las normas de la sección femenina. Por contra, en el bando contrario, formaban parte del Ejército". Esas posiciones enfrentadas explican el salvajismo de la represión. "El gobernador militar llegó a mandar a las farmacias que ahorraran todo el aceite de ricino posible. Las pobres defecaban vivas en mitad del pueblo", detalla.

Otro recuento basado en los registros civiles es el de las 65 mujeres maestras "depuradas" en la provincia de Salamanca. Su posición pública las hizo un objetivo fácil. El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó el fusilamiento de Esther Martínez Calvo, maestra de Salas de los Infantes (Burgos), bajo el siguiente informe de la Guardia Civil: "Envenenaba a los niños con sus doctrinas y propugnaba por el amor libre". El párroco colaboró en el linchamiento: "Su condición moral y religiosa ha sido del todo negativa. Me aseguran que aún en sus vestidos lleva los colores de la bandera comunista. En fin, que es una niña de mucho cuidado".

PÚBLICO (19 Noviembre 2008): Baltasar Garzón se inhibe en la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales. Además, extingue la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y a otros 44 altos cargos de la dictadura

Apenas un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, hoy ha decidido remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.

En un auto de 152 folios, el juez de la Audiencia Nacional acuerda además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos. Eleva también atenta comunicación de esta resolución a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia "hasta que gane firmeza" la inhibición acordada.

No obstante, Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Por ello, sugiere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.

Para reforzar la idea de permanencia del delito destaca "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatos a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".
Garzón recuerda que, al declararse competente, ya advirtió de que si la responsabilidad penal de los imputados estaba extinguida, pero se daba la "permanencia" del delito, se pronunciaría sobre la competencia para investigar los hechos, que cree que corresponde a los juzgados territoriales.
Con esta resolución, Garzón se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se oponía por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.

Auto, finalizando la responsabilidad penal de Francisco Franco   (Fuente: Periódico Público)

PÚBLICO (29 Noviembre 2008): La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para investigar el franquismo. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.

La decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.

Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón -.

El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.

Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado Alzamiento Nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.

Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.

Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.

PÚBLICO (3 Diciembre 2008): El Supremo también se declara incompetente para juzgar el franquismo. Desestima la propuesta de Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.

El Tribunal Supremo ha rechazado asumir la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano.

En una providencia notificada hoy, la sala de lo penal del Alto Tribunal desestima con este argumento la cuestión de competencia planteada por Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945), que pretendía que el Supremo asumiera la investigación de los crímenes del franquismo.

El tribunal concluye que del relato de hechos planteado por Negrín "no resulta (...) que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos (...) desempeñe en la actualidad alguno de los cargos" que le convierten en aforado, como son los de miembro del Gobierno, diputado o senador, juez o consejero del Tribunal de Cuentas, entre otros muchos.

El Supremo añade que tampoco "alguna de las personas que actualmente desempeñen estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos".

Por ello, el tribunal considera que no hay "ninguna razón ni fundamento legal que justifique el conocimiento por la sala de lo penal" de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que desestima el recurso de Carmen Negrín y ordena su archivo.

El País (12 Enero 2009): Garzón envía a siete juzgados datos sobre los "niños perdidos del franquismo". El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a los juzgados de instrucción decanos de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza todos los datos aportados sobre los llamados "niños perdidos del franquismo" en la causa que investiga las desapariciones durante esa época.

El juez Garzón que se había inhibido de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, detalla ahora que la inhibición se materializa 'según lo decidido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (28 de noviembre de 2008)' de modo que "serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos", incluidos los referentes a las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de niños durante el franquismo.
Garzón, ya en noviembre de 2008, alertó que la dictadura franquista 'pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40', al arrebatárselos a sus padres para educarles en la afección al régimen. Por ello, consideraba que una de las razones para sostener que los delitos (de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de Crímenes contra la Humanidad) no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas "que puedan estar vivas".

PÚBLICO (12 Enero 2009): Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo. Cifra en 30.960 los pequeños separados de sus padres y acogidos por religiosos.

Los juzgados de Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga y Zaragoza tienen ahora en sus manos la posibilidad de investigar el secuestro de hijos de republicanos cometido durante el franquismo. El juez Baltasar Garzón se ha inhibido a favor de los juzgados decanos de dichas capitales en una resolución notificada hoy a las partes personadas en la primera causa penal abierta por los crímenes perpetrados entre julio de 1936 y diciembre de 1951.
El magistrado explica que el auto del pasado 18 de noviembre, en el que dio el relevo de la investigación a los juzgados de los lugares donde se sospecha que hay fosas de desaparecidos, quedó anulado por la última resolución de la Sala de lo Penal que le declaraba no competente para continuar con la instrucción que había abierto. Por eso, reitera otra vez la inhibición ya acordada entonces a un total de 28 juzgados.

A falta de un informe definitivo que deben presentar los expertos designados por el Juzgado, el auto cifra entre 136.062 y 152.237 el número total de víctimas de la represión franquista en esos años.
En su auto de noviembre Garzón tenía claro que esta práctica no podía quedar impune: "Se propició una desaparición
legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado".

En dicha resolución, el juez reproducía las cifras del Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, que entre 1944 y 1954 hablaba de 30.960 niños ingresados en centros religiosos y seminarios. La mayoría eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, desaparecidos o encarcelados, algunos en campos nazis. El número de estas víctimas aumenta con la política de repatriación de niños exiliados que llevó a cabo el régimen.

 

En la Portada del  Periódico 'PÚBLICO': Franco y sus Generales Acusados de Crímenes contra la Humanidad (viernes 17 de octubre de 2008) - Portal Fuenterrebollo

LEY DE LA AMNISTÍA

LEY MEMORIA HISTÓRICA

CÁRCEL CARABANCHEL

En la Portada del  Periódico 'PÚBLICO': Franco y sus Generales Acusados de Crímenes contra la Humanidad (viernes 17 de octubre de 2008) - Portal Fuenterrebollo

Reino de Nápoles
Reino Nápoles 

Venecia y el Véneto
Venecia y el Véneto 

Roma Imperial - Ciudad de Vaticano
Roma Imperial - Ciudad Vaticano 

Numismática, Portal Fuenterrebollo
Numismática